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Tribunal Administrativo del Quindío invalida acuerdos municipales por inconsistencias legales y constitucionales
En recientes decisiones judiciales, el Tribunal Administrativo del Quindío anuló dos acuerdos municipales provenientes de Montenegro y Armenia, tras detectar irregularidades que vulneraban las normas legales y constitucionales. Estos fallos reflejan la vigilancia activa del Gobierno Departamental en la revisión de actos administrativos que puedan comprometer los intereses de la ciudadanía.
Acuerdo 012 de Montenegro: empresa de servicios públicos sin soporte técnico
El primer caso se centra en el Acuerdo 012 del Concejo Municipal de Montenegro, que otorgaba facultades al alcalde Gustavo Adolfo Pava para la creación de una empresa de servicios públicos. Sin embargo, el proyecto fue remitido al Tribunal Administrativo del Quindío por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación del departamento debido a la ausencia de un estudio técnico que justificara la necesidad de la nueva empresa.
El Tribunal coincidió con el análisis jurídico presentado por la Gobernación, concluyendo que el acuerdo no cumplía con las disposiciones legales y constitucionales requeridas. El gobernador encargado, Juan Carlos Alfaro García, destacó que las inconsistencias detectadas invalidaban las facultades otorgadas al alcalde para constituir la empresa, asegurando que este resultado reafirma el compromiso del departamento con la transparencia y la protección de los intereses de los quindianos.
Acuerdo 316 de Armenia: préstamo sin límites claros
En un segundo fallo, el Tribunal también invalidó el Acuerdo 316 de 2024 del Concejo Municipal de Armenia, mediante el cual se facultaba al alcalde James Padilla García para gestionar un contrato de empréstito. La Secretaría Jurídica del departamento identificó inconsistencias relacionadas con la falta de temporalidad en las facultades otorgadas, un requisito indispensable según la Constitución para este tipo de autorizaciones.
Además, el acuerdo carecía de claridad en los términos de las facultades, lo que generaba riesgos legales y administrativos. En este caso, la Gobernación del Quindío tomó la iniciativa de remitir el acuerdo al Tribunal, que concluyó que no cumplía con los parámetros legales establecidos.
Compromiso con la legalidad y los intereses colectivos
El gobernador encargado, Juan Carlos Alfaro García, subrayó que estas decisiones ratifican el compromiso del gobierno liderado por Juan Miguel Galvis Bedoya en garantizar que los actos administrativos cumplan con los estándares legales y constitucionales. “Estas actuaciones demuestran nuestra responsabilidad de proteger los intereses colectivos y velar por la legalidad en todas las acciones públicas”, afirmó Alfaro.
El resultado también refuerza la importancia de que los Concejos Municipales y las administraciones locales actúen dentro del marco normativo, respaldando sus decisiones con estudios técnicos, claridad jurídica y un enfoque transparente que asegure el bienestar de las comunidades.
Audio del Abogado, Juan Carlos Alfaro.
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